El Tribunal Supremo de EE. UU. dividido ante las órdenes de registro por geovallado
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha mostrado posiciones enfrentadas durante la reciente vista oral sobre el uso policial de las llamadas ‘órdenes de geovallado’, una técnica controvertida que permite a las fuerzas de seguridad solicitar a Google datos de todos los dispositivos presentes en una zona geográfica concreta durante un periodo determinado.
¿Qué es una orden de geovallado?
Las órdenes de geovallado, o geofence warrants, solicitan registros masivos de datos de ubicación a proveedores tecnológicos como Google, identificando todos los móviles presentes cerca de la escena de un crimen. Este método puede implicar la recopilación y análisis de información de personas ajenas a la investigación.
El caso Chatrie ante el Supremo
El caso examinado, conocido como ‘Chatrie v. United States’, se originó tras el robo a un banco de Virginia en 2019. La policía obtuvo datos de Google sobre todos los dispositivos cercanos a la sucursal durante la hora estimada del crimen, lo que llevó a la identificación y condena de Okello Chatrie.
En la audiencia del 28 de abril de 2026, los jueces cuestionaron tanto la legitimidad como la constitucionalidad de este tipo de órdenes, en particular su potencial para violar la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU., que protege contra registros e incautaciones irrazonables.
Debate constitucional en la era digital
- Algunos jueces expresaron preocupación por el alcance “demasiado generalista” de las órdenes de geovallado.
- Otros argumentaron que, al utilizar la geolocalización de terceros (como Google), los usuarios renuncian voluntariamente a cierta privacidad, aunque sin claridad sobre el alcance de dicha cesión.
- Cuestiones sobre especificidad y proporcionalidad fueron centrales en el debate.
Según expertos, esta decisión podría marcar un precedente clave en la intersección entre privacidad digital y necesidades policiales. Organizaciones civiles como la American Civil Liberties Union (ACLU) y la Electronic Frontier Foundation (EFF) han advertido del riesgo de vigilancia masiva y la afectación de derechos fundamentales.
Impacto potencial para empresas tecnológicas y usuarios
El dictamen que emita el Supremo podría influir en la forma en que Google y otras tecnológicas gestionan las peticiones de datos de geolocalización masiva procedentes de las autoridades. También afectará a las garantías legales de privacidad para millones de usuarios en Estados Unidos, y previsiblemente, servirá de ejemplo para sistemas judiciales de otros países.
La resolución definitiva se espera para finales de año y será determinante para la regulación futura del uso policial de datos tecnológicos masivos en investigaciones criminales.
